El Parlament reclama que las empresas de Balears queden exentas de los límites aplicables por la normativa de minimis, a propuesta del PP

• 09 Apr 2024

El Grupo Parlamentario Popular ha conseguido hoy, mediante una proposición no de ley debatida en el seno de la Comisión de Hacienda y Presupuestos, que el Parlament de les Illes Balears inste al Gobierno de España, conjuntamente con el Govern Balear, a reclamar ante la Unión Europea que se modifique el reglamento de minimis, atendiendo la singularidad de las islas, y que estas queden exentas de los límites aplicables de la norma general de minimis; en especial por lo que respecta al transporte de mercancías. La diputada del PP Balears en el Parlament, Lourdes Cardona, ha destacado la importancia de esta iniciativa para “la mejora de la competitividad de las empresas isleñas” y “la maximización del impacto de las medidas fiscales del REIB”. Cardona ha recalcado que “esta reivindicación no surge solo del Govern de Marga Prohens, sino, también, de la sociedad civil”. Así, la diputada ha recordado que, “el pasado mes de diciembre, el Govern de les Illes Balears asumió el documento “Illes Balears: Uniendo fuerzas para superar las dificultades”- fruto del trabajo de agentes sociales y económicos de las Illes, como el Círculo de Economía o la UIB- para reclamar la flexibilización de la normativa de minimis ante la UE”. “Antes de la reforma actual del reglamento de minimis, el límite máximo de las ayudas al transporte de mercancías era de 200.000 euros en tres años por empresa”, ha señalado Cardona, mientras que ha apuntado que, “actualmente, es de 300.000 euros, una cuantía que, de acuerdo con el estudio “Illes Balears: Uniendo fuerzas para superar las dificultades”, no es suficiente”. El mencionado estudio reclama la exención, que el importe sea al menos de 500.000 euros o que se establezca que el límite máximo de las ayudas de minimis vaya de acuerdo con la cuenta de resultados de cada empresa. En este sentido, la diputada del Partido Popular ha incidido en que este cambio supondría “una gran oportunidad para avanzar en la compensación de los efectos de la insularidad, la cual acontece, hoy en día, una desventaja permanente para el tejido empresarial balear”.